Prisión preventiva para la funcionaria del Patronato de Liberados de Provincia acusada de lavado de dinero

La justicia de La Plata ordenó la prisión preventiva para Albertina Mangini, funcionaria bonaerense acusada de integrar una red dedicada a la captación de personas cuyas identidades eran sustraídas para abrir cuentas bancarias con el fin de lavar dinero proveniente de actividades ilegales. Mangini, ex agente del Ministerio Público provincial y posteriormente trasladada a un cargo directivo en el Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires, continuará detenida mientras dure el proceso judicial.

El juez de Garantías de La Plata, Agustín Crispo, confirmó la prisión preventiva no solo para Mangini, sino también para otras dos personas vinculadas a esta red, que operaba vinculada a la explotación de juegos de azar clandestinos. Los activos obtenidos a través de esta actividad eran blanqueados mediante la utilización de identidades digitales robadas, a partir de las cuales se habrían movido hasta 27.000 millones de pesos, según las hipótesis judiciales.

Los investigadores buscan ahora establecer otros eslabones de esta cadena ilícita, ya que existen sospechas fundamentadas de que la operatoria financiera no terminaba en Mangini, quien ocupaba un cargo de segundo nivel dentro del organismo estatal. La fiscal a cargo de la causa, Betina Lacki, analiza pruebas que indican una estructura jerárquica que implementaba técnicas de «smurfing» para blanquear dinero y fragmentar las operaciones bancarias sospechosas.

Mangini sería la responsable de captar datos biométricos de personas vulnerables. El Patronato de Liberados tiene a su cargo la custodia y seguimiento de los ex presos que purgaron condenas penales; en la provincia hay más de 48 mil personas bajo esta condición. La técnica de «smurfing» consiste en fraccionar sumas de dinero ilícito en múltiples operaciones de bajo monto para evadir alertas automatizadas de los sistemas bancarios y financieros.

Como Secretaria de la Oficina de Coordinación con el Patronato de Liberados del Departamento Judicial de La Plata, Mangini atendía a personas bajo supervisión judicial, conocidas como tutelados, que asistían a firmar en la oficina del Patronato. Tras verificar que no tuvieran deudas en la AFIP, les ofrecía sumas cercanas a los 80.000 pesos a cambio de ceder sus datos personales para abrir cuentas bancarias o billeteras virtuales. Los encuentros para acordar con las víctimas se realizaban en un bar frente al edificio del Fuero Penal, en la intersección de las calles 7 y 57.

Además de Mangini, están bajo prisión preventiva Mauro Perrotta, comerciante y titular de gimnasios Red Line, y Ignacio Leonel Marchioni. Según la investigación, Perrotta controlaba operativamente un panel de juego clandestino, identificado en la contabilidad con el sufijo decimal .12. Administraba las llamadas «cuentas mulas» usadas como caja recaudadora (para cobro de apuestas y venta de fichas) y pagadora (para premios y comisiones del 27% a proveedores). Mantenía contacto con Mangini para la provisión constante de identidades y apertura de billeteras virtuales a nombre de personas vulnerables, vinculándolas a correos y líneas propias.

Por su parte, Marchioni actuaba como operador financiero e intermediario bancario y en criptomonedas, con un rol central en la circulación, estratificación y blanqueo de los fondos ilícitos. Era titular de 22 cuentas bancarias y billeteras virtuales en plataformas como Mercado Pago, Brubank, Ualá, Prex, Banco Santander y Banco Industrial, que utilizaba para dispersar los recursos. A través de la plataforma Haz Pagos movilizó una cifra superior a 27.000 millones de pesos mediante un mecanismo de vaciamiento automático, destinado a evitar el rastreo del dinero fiduciario.

La Justicia constató que Marchioni también había movilizado más de 8,3 millones de USDT (dólares cripto) a través de billeteras de autocustodia (Trust Wallet) y efectuado giros millonarios con otros investigados, entre ellos Catriel Taubenschlag. Ambos permanecen imputados por lavado de activos y asociación ilícita.

El juez Crispo ordenó además una inhibición general de bienes sobre la totalidad de las propiedades de Mangini, Marchioni y Perrotta mientras dure el proceso.

Hace un mes, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata rechazó un habeas corpus presentado por la defensa de Mangini, confirmando la legalidad de todos los procedimientos que derivaron en su detención, solicitada por la fiscal Lacki.

La defensa, a cargo de los abogados Alfredo Gascón y Miguel Molina, solicitó la morigeración de la prisión argumentando problemas de salud de Mangini, quien se encuentra bajo tratamiento médico y psiquiátrico desde 2018. Presentaron informes que señalan un deterioro psicofísico y riesgo de vida, además de una situación familiar delicada: sus padres, de 76 y 80 años, padecen enfermedades graves y ella es su única hija. Estos planteos fueron rechazados por el juez, por lo que Mangini continuará detenida en una celda del Servicio Penitenciario.