Diputados: tras el cortocircuito con el Ejecutivo, el oficialismo define su nuevo proyecto de Discapacidad

Después del cortocircuito con el Ejecutivo, la bancada libertaria en Diputados está definiendo junto a la Casa Rosada y sus aliados el nuevo proyecto de Discapacidad que presentarán este miércoles en el plenario de comisiones. Según fuentes oficiales, este proyecto reemplazará al paquete de recortes al área incluido por el oficialismo en el Presupuesto remitido esta semana, aunque incorporará nuevos filtros para el acceso a las pensiones.

Las comisiones de Discapacidad y Presupuesto tienen el mandato, establecido en la última sesión, de dictaminar el proyecto esta misma semana. La oposición, que lideró esta iniciativa, busca extender por un año más la emergencia en Discapacidad que actualmente se encuentra vigente.

Frente a la mayoría opositora que se impuso en el recinto, el oficialismo optó por incorporarse al debate en lugar de rechazarlo y planteó desde el inicio la presentación de un «proyecto superador». Este texto, trabajado en conjunto con las bancadas del PRO, la UCR y los federales, se perfila como el que buscarán que prevalezca en la votación del recinto.

Como informó Clarín, legisladores oficialistas mantuvieron reuniones con tres áreas del Gobierno—Hacienda, Legal y Técnica, y Discapacidad— para definir el contenido del texto. Sin embargo, cuando el Ejecutivo incluyó en el Presupuesto un capítulo que deroga artículos clave de la ley vigente y suma ajustes en un área ya sensible, se detonó la estrategia oficialista, generando internas y conflictos con aliados que ya no están dispuestos a aportar votos para sostener otro veto del presidente Javier Milei sobre este tema.

Tras reuniones de emergencia para contener daños, La Libertad Avanza ratificó que elaborarán ese “proyecto superador”, con el compromiso de que el texto resultante reemplazará o se reflejará en el proyecto de Presupuesto, dando marcha atrás con gran parte de las modificaciones enviadas por el Gobierno en el capítulo VI de la «ley de leyes».

### Ejes del debate

El texto todavía está en tratamiento y no será presentado públicamente hasta recibir la validación de la Casa Rosada. Si bien garantizaría la continuidad de la actualización automática de las prestaciones, esta se realizará cada dos meses en lugar de mensualmente como ocurre actualmente.

Sin embargo, en cuanto al acceso a las pensiones, se incorporarían más filtros para su otorgamiento. “Que la cobre quien realmente la necesita”, afirmó un vocero oficialista. La discusión está en cómo definir ese criterio, haciendo énfasis en la gravedad y el nivel de inhabilitación, diferenciando entre una discapacidad severa y una leve, como podría ser una disminución auditiva en un solo oído que no impida desempeñarse laboralmente.

En contraste, el proyecto de Presupuesto 2027 elimina casi todos los artículos de la ley de emergencia vigente. Entre las modificaciones se propone suprimir el sistema de aranceles universales para las prestaciones, lo que permitiría que obras sociales y prepagas fijen libremente los valores de las terapias.

“Es muy importante el rol del prestador porque eso asegura la calidad de vida de nuestros hijos. Esto que quieren hacer es federalizar la desigualdad”, criticó Gilda Kriskovich, presidenta de la Asociación Civil Prestadores de Discapacidad. Un diputado de una provincia del norte advirtió a Clarín: “Imaginate en una provincia pequeña el lobby que se puede generar cuando hay dos prestadores como máximo”.

Además, el proyecto plantea la incompatibilidad automática entre la percepción de la prestación y el empleo registrado, eliminando el criterio actual que permite coexistir la pensión con ingresos de hasta dos salarios mínimos. También deroga el acceso a un programa médico de atención y cobertura de salud para quienes reciben la Pensión No Contributiva por Discapacidad.

Por su parte, la oposición busca extender la emergencia en Discapacidad hasta diciembre de 2027. Dado que el presidente Javier Milei la vetó, el Congreso insistió; aunque hubo trabas administrativas, el Gobierno debió aplicarla a raíz de fallos judiciales. Desde la oposición argumentan que su implementación fue tardía y limitada, por lo que necesi­tan prolongar su vigencia.